El fantasma de Amy Martin: historia de como los políticos hicieron quebrar a España

Amy Martin seguramente es el nombre de miles de mujeres del mundo, probablemente honradas en su gran mayoría. Sin embargo, en España se ha convertido en sinónimo de corrupción pequeña y estúpida. Un símbolo en una época en que parece todo derrumbarse.

ima martin

Amy Martin es el seudónimo que buscó, basado en sus lecturas del escritor inglés Martin Amis, el director general de la Fundación Ideas del PSOE, Carlos Mulas, para estafar a su propia institución escribiendo y cobrando artículos a 3.000 euros cada uno para hacerse un sobresueldo. En connivencia con su ex mujer, hizo firmar contratos falsos, le dio voz telefónica a Amy, inventó direcciones y teléfonos truchos, en fin armó una puesta en escena deslumbrante.
Nadie entiende cómo llegó a esto Mulas que no es una mula –aunque sea bueno para idearlas-, sino un sofisticado caballero, doctor en Cambridge en Economía, subdirector económico de la Oficina de la Presidencia en el gobierno anterior, consultor permanente del Fondo Monetario Internacional, catedrático de la Universidad Complutense, profesor visitante de prestigiosas universidades europeas y norteamericanas.
Su cómplice, Irene Zoe Alameda, tampoco es una rana: es una cineasta y escritora de cierto discutido prestigio, ex directora del Instituto Cervantes de Estocolmo, receptora de subvenciones estatales para sus quehaceres artísticos y hasta hace poco musa del progresismo fatuo. Ambas promesas cosmopolitas, en la segunda parte de la treintena, han caído para no volverse a levantar.
La primera pregunta del millón es por qué personas como ellos hicieron una estafa como esa. La segunda es ¿cuántas Amy Martins más habrá entre los tejidos de la política española?

La política business

¡Toma lo que puedas y corre! Parece que fue el lema de una parte de la clase política que ha provocado en estos últimos tiempos una crisis devastadora sobre la ya desatada situación económica del país; añadiéndole un descomedimiento moral a la foto que hace que la gente empiece a murmurar “¡Que se vayan todos!”.

Todos porque no se salva nadie. Ni la Casa Real, ni el Partido Popular en el Gobierno, ni el Partido Socialista Obrero Español, principal partido de la Oposición; ni los partidos nacionalistas. Tampoco la izquierda roja; ni los sindicatos, ni la patronal. La política como herramienta para el enriquecimiento personal ha hecho su entrada majestuosa en Barataria contaminando los cimientos institucionales del Estado español.

La pobreza repentina a que se ha visto sometida buena parte del país ha hecho que los cientos de casos de corrupción política salgan a la superficie a golpe de flashes y cencerros y la gente los levante en andas y los muestre y comente para su solaz y consuelo ya que, en buena parte, son culpables de la ruina de muchos. También los jueces, hartos de la intervención política en sus territorios se están dando un festín justiciero.

Bipartidismo cerrado y bonanza parece haber sido la mezcla fatal. Treinta años en que dos partidos se turnaron en el poder, con las instituciones de control de rodillas ante ellos, con grandes grados de intervención en los altos tribunales, han logrado horadar la bases de la democracia española. Así, dos de las principales instituciones han reventado; el Banco de España (Banco Central) y el Tribunal de Cuentas (Contraloría). Simplemente no pudieron, o no los dejaron, dar la talla.

En el caso del Banco de España, su cúpula saliente ha sido acusada por sus propios funcionarios de ordenarles mirar para el lado cuando se producían irregularidades en bancos y cajas de ahorro (especies de bancos públicos ligados a regiones) durante años. Por su parte el Tribunal de Cuentas lleva un atraso de dos años en la revisión de las cuentas públicas que por ley debiera supervisar al día, lo que a nadie en el Parlamento, ni en los sucesivos gobiernos pareció importarle demasiado. Situación que provocó impunidad en los que mandaban y desafección en los que obedecían.

Así bancos y cajas de ahorro, le prestaron dinero no sólo a los partidos sino que también a algunos de sus militantes o empresarios amigos para negocios personales, generalmente inmobiliarios o de financiamiento de campañas. Cuando no pudieron pagar, les condonaron los préstamos y/o los intereses. Esa es una parte de la deuda que ha debido asumir el Estado a cuenta de todos los españoles. España pasó de un sano superávit en 2007 a un déficit insufrible en 2011, cuando se desmoronó el sistema.

La bonanza ficticia basada en un auge desmedido de la construcción, llevó al país al caos, como sabemos. Lo que no se sabía tanto era que muchos de los miembros de los directorios de estas cajas eran políticos de todos los colores puestos allí por los partidos. Después del desastre, los que alcanzaron, salieron con indemnizaciones millonarias y algunos con propiedades pagadas por agradecidas inmobiliarias.

También en los directorios estaban representados los sindicatos y las patronales. Todos ellos alegan haber sido engañados cuando los jueces descubrieron que simplemente hicieron vista gorda por orden de sus representados cuando no estaban directamente implicados. Y, algo que conocemos bien, otros iban a las reuniones sólo a cobrar y no se enteraban de nada.

De acuerdo al último informe del Tribunal de Cuentas, ¡¡¡¡del año 2007!!!, los partidos debían 226 millones de euros a los bancos. Las deudas más elevadas eran las del PSOE (59,7 millones), PP (59,2), PNV (17,1), CiU (15,9), IU (15), UDC (12) o el PSC (10,3), entre otros. A todos los partidos se les han condonado intereses y deuda y se le permiten dilaciones en los pagos que cualquier empresario pyme querría.

La gente se pregunta por qué los partidos políticos tienen derecho a que se les condonen las deudas y no los ciudadanos en paro que pierden todos los días sus casas. Van más de cuatrocientos mil desalojos. Y no sólo pierden sus casas sino que quedan debiendo la diferencia entre lo que la remata el banco y lo que debían, -normalmente casas muy sobrevaloradas por la burbuja hipotecaria- lo que a la gran mayoría le ha supuesto la ruina de por vida.

El escándalo ha sido tan grande que se acaba de pasar una ley propuesta por UPyD, un partido pequeño, escisión de los socialistas, para ¡¡¡¡fijar límites a las condonaciones de los bancos a los partidos!!!! No podrán pasar de los 100.000 euros anuales, lo que es igualmente impresentable en un país en que la morosidad de las familias llega al 11%, la cesantía al 26%, las familias sin ningún tipo de ingresos a un millón y ochocientos mil y los comensales de Caritas, pasan los dos millones.

No es difícil entender, en este contexto, por qué José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno anterior, indultó al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a fines del año 2012. Sáenz había sido condenado por resolución del Tribunal Supremo por presentar una denuncia falsa contra un cliente cuando era presidente del Banco Banesto. La condena era a pena de prisión y de inhabilitación de por vida para ejercer cargos como ejecutivo bancario. Sáenz recurrió al Tribunal Constitucional y logró la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se revisaba su alegato. Entretanto siguió como vicepresidente del Santander hasta que fue indultado por Zapatero. La concesión conmuta la pena de arresto mayor y la suspensión del ejercicio profesional por la multa máxima prevista para este caso 144.000 euros. Sáenz gana nueve millones de euros anuales.

Cuando a Zapatero se le preguntó por qué indultaba a Sáenz, en contra de la sentencia del Supremo, aseguró que no tenía “ninguna” deuda “en absoluto” con el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y que el indulto al consejero delegado de la entidad “entendió que era razonable y punto”. El indulto en España viene de la época del absolutismo cuando el rey indultaba porque sí ante sí sin dar explicaciones. Hoy la gracia pertenece al gobierno de turno.

Pero después vino lo mejor: el ministro de Economía del actual gobierno, Luis de Guindos, está estudiando una ley para suavizar los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno de la banca. Por lo tanto, la condición de condenado por delitos dolosos ya no será motivo suficiente para impedir que un condenado sea banquero. Así, si alguno de los candidatos ha sido condenado en un proceso penal, el Banco de España podrá evaluar la gravedad de la condena y la tipificación de los hechos que la motivaron.

La razón que da el gobierno para esta ley es que no se puede desperdiciar el talento y la experiencia de los banqueros sólo porque hayan cometido irregularidades. Todo esto parece una broma pero no lo es. Uno se pregunta por qué se llega a situaciones de este tipo en un país con la envergadura histórica y el prestigio que tuvo España.

En las últimas elecciones se presentaron como candidatos más de 800 políticos imputados por los tribunales. Fueron amparados sin asco por partidos de todos los colores. Y fueron reelegidos. Ahí están en sus cargos mientras los investigan. Muchos de ellos serán condenados, mientras tanto algunos cobran dos o tres sueldos al mismo tiempo. Por ejemplo: diputado, funcionario del partido, concejal de una Comunidad Autónoma.

Europa ya no se la traga

El Consejo de Europa ha criticado que el Tribunal de Cuentas de España, institución básica de cualquier Estado que se precie, apenas discuta los datos que entregan los partidos sobre su financiamiento. Ha puesto el grito en el cielo por la ausencia de control de los fondos públicos que se destinan a las agrupaciones locales de los partidos. También porque España no impide a las empresas con contratos públicos hacer donaciones a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos.

Asimismo, cuestiona que el pleno del Tribunal de Cuentas sea designado por el Parlamento y los nombres de sus integrantes propuestos por los partidos. Otro inconveniente que recalca el Consejo de Europa es que la legislación en España no detalla las condiciones para que un partido reciba un crédito; tampoco dice nada sobre el techo de los préstamos ni la forma de su devolución.

Así, los únicos que pueden detectar abusos y dolos en estos días son los subalternos, que casi nunca delatan a sus jefes porque temen no sólo castigos sino que tienen además la sospecha de que su acto será solo un saludo a la bandera que no servirá en nada para terminar con la impunidad por la que transitan los dueños del poder.

La política business ha hecho que todo valga y que las guarrerías más pestilentes se cubran con un esmalte de respetabilidad. Los partidos políticos y otras instituciones claves del país, protegen a los suyos a toda costa y confían en que la opinión pública se olvidará de todo a la vuelta de la esquina, como sucedía cuando había bonanza.

Lo nuevo es que la rabia, producto de la incertidumbre y la pobreza, ha ido enconando a los ciudadanos que ven cómo les suben los impuestos, pierden derechos laborales, de salud, de educación; como pierde el trabajo o la casa algún familiar mientras cada vez son más los altos cargos imputados con robos millonarios. Por ejemplo, el yerno del rey, a punto que lo metan preso; el presidente de la CEOE, el órgano máximo de los empresarios, destituido por ladrón y está preso; tres presidentes de comunidades autónomas defenestrados por delincuentes. Varios de los altos cargos del Partido Popular, incluido Mariano Rajoy, implicados en el cobro de sobresueldos en negro.

La gente se está dando cuenta de que si no actúa, España, tal como la conocíamos, se acabará de un plumazo. Será manejada por una tropa de Amys Martin que la dejarán del revés aunque con una sonrisa sexy.

Algunas joyas

Caso Bankia: las cajas de ahorros

El ex vicepresidente del Gobierno, ex director general del FMI, y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, junto a otros 32 imputados -entre los que figuran el ex ministro Ángel Acebes y el ex presidente de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas-, está imputado en los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Bankia tiene el ahorro de la gran mayoría de los españoles y encabezó el fraude de las acciones preferentes cambiándole a los ahorrantes sus depósitos a plazo fijo por acciones sin que, en la mayoría de los casos, se enteraran de qué se trataba. Acciones que hoy han perdido el 90% de su valor.

El caso Gürtel. Partido Popular

Investigar este caso le costó la expulsión del poder judicial al juez Baltasar Garzón, al ser condenado por prevaricación por ordenar a la policía escuchas telefónicas de los abogados con sus clientes detenidos.

El cabecilla de la trama es Francisco Correa, un empresario que pagó comisiones a cargos públicos a cambio de contratos para sus sociedades. Le costó el cargo al presidente la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, imputado por presunta financiación irregular del partido. Mariano Rajoy apoyó hasta el final a Camps y este sigue hasta ahora como diputado en el parlamento valenciano. Entre las gracias del PP de Valencia está el famoso aeropuerto de Castellón, en el que nunca ha aterrizado o despegado un avión.

En este mismo caso está imputado Luis Bárcenas, ex senador y tesorero del Partido Popular, quien ha logrado que se abra su propio caso cuando el juez del Caso Gürtel recibió la información de que tenía una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra con un saldo de 22 millones de euros.
Se le acusa por miembros de su propio partido de pagar sobresueldos de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales euros a la dirección del PP. Bárcenas cumplió hace unos días su amenaza de abrir la caja de Pandora si lo dejaban caer. Ha entregado a la prensa parte de la contabilidad oculta del Partido. Esta implica a sus altos dirigentes, incluido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.

Caso Nóos. La Casa Real.

El caso Noos ha arruinado la imagen de la Casa Real. El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, yerno del rey, está implicado en delito fiscal, fraude, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Según los datos que obran en la causa, el Duque de Palma y su socio Diego Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Noos, por organizar eventos que conseguían hacerlos por ser quienes eran. En su declaración ante el juez, en febrero de 2012, Urdangarín se declaró inocente y admitió que, aunque en 2006, el Rey le había ordenado abandonar Noos, en 2008 volvió a hacer negocios que no le estaban permitidos. Acaban de imputar en este caso a Carlos García Revenga, secretario de la Infanta Cristina, mujer de Urdangarín, funcionario de la Casa Real, a quien el duque firmaba los mails comprometedores como el duque em…Palma…do. En castizo, el duque con el pene erguido.

Cataluña, tres casos en uno.

El robo al Palau de la Música de Barcelona, una de las instituciones culturales catalanas más tradicionales y nobles, se convirtió en el caso de financiación irregular de un partido más grave ocurrido en Cataluña. El beneficiario fue el partido Convergència Democràtica -partido de Artur Mas, hoy presidente de esta Comunidad Autónoma que lidera la aventura independentista. Se quedaron con seis millones de euros que las empresas constructoras catalanas les abonaron a través de la institución musical como comisiones por contratos de obras públicas como una línea del Metro de Barcelona o la Ciudad de la Justicia.

Al mismo tiempo, Oriol Pujol, secretario general del mismo partido, está acusado de modificar los requisitos de los concursos de licitación de las estaciones para la inspección técnica de vehículos y adjudicárselas a sus amigos. Era el sucesor natural de Artur Mas.

A esto se suma un caso que afecta a los socios políticos de Convergencia, Unió Democràtica, con el que conforma la alianza de gobierno de Cataluña. Se les acusa del desvío de subvenciones para cursos de formación que usaban para financiarse. La consejería de Trabajo, controlada por el partido, adjudicó a las academias de un empresario andorrano que les devolvía la mano y parte del dinero. De los 220 cursos investigados por la Guardia Civil, más de 160 eran irregulares: o no se celebraron, o su precio estaba inflado. El gobierno de Cataluña pagó por ellos más de ocho millones de euros, financiados con fondos de la Unión Europea.

Representa un caso único en la historia de la corrupción en España, al convertirse en el primer partido que se declara culpable. Y que llega a un acuerdo para que nadie vaya preso. Los imputados: el empresario andorrano y altos cargos del partido asumieron su culpabilidad. Tuvieron que pagar una multa de sólo 388.483 euros.

Fuente: The Clinic

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